El pasado jueves, el gobierno español decidió poner en marcha los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución que supondría la intervención del gobierno catalán.
Alfred de Zayas, condenó este miércoles esa decisión del gobierno español y destacó que es incompatible con cuatro artículos – 1,19,25 y 27 – del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El experto de Naciones Unidas destacó que negar a un pueblo la manifestación sobre su autodeterminación, denegar la legalidad de un referéndum, usar la fuerza para impedirlo y anular la autonomía de un pueblo mediante castigo supone una violación del artículo 1º del mencionado Pacto.
Respecto a la aplicación del principio de integridad territorial invocado por el gobierno español, De Zayas, destacó la importancia de éste contenida en muchas resoluciones de la Asamblea General, pero indicó que “su objetivo es aplicarlo externamente, para prohibir las amenazas o incursiones extranjeras en la integridad territorial de los Estados soberanos”.
Añadió que “el derecho de libre determinación es un derecho de los pueblos y no una prerrogativa de los Estados para conceder o negar. En caso de conflicto entre el principio de integridad territorial y el derecho humano a la libre determinación, prevalece este último”.
De Zayas insistió que la única solución democrática a la actual situación es “suspender las medidas represivas y organizar un referéndum que determine los deseos de la población afectada”.
Según la opinión del experto, la consulta tendría que ser supervisada por la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y observadores internacionales como el Centro Carter.
Los relatores especiales de la ONU y los expertos independientes son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, para examinar e informar sobre temas específicos de derechos humanos o sobre la situación de un país. Son puestos honorarios y los expertos no son personal de Naciones Unidas, ni reciben un salario por su trabajo.