El Comité de la ONU contra la Tortura ha publicado este viernes sus conclusiones sobre España tras examinar al país en su último periodo de sesiones. Las conclusiones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Migrantes y refugiados
Aunque reconoció los recientes esfuerzos de España para responder a la afluencia de migrantes y solicitantes de asilo, el Comité se refirió al intento de cruce masivo en la frontera de Barrio Chino entre España y Marruecos en junio de 2022, que causó al menos 37 muertos y 200 heridos como consecuencia de la intervención de los controles fronterizos de ambos países.
“El Comité urge al Estado parte a investigar de manera pronta e imparcial cualquier posible responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad durante la actuación policial”, así como “a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro una situación similar”, aseguran los diez expertos del Comité.
Aislamiento
Por otra parte, el Comité expresó su preocupación por el uso del aislamiento como sanción disciplinaria, incluso para personas con discapacidad intelectual y psicológica. Observó que, aunque la aplicación de tales medidas disciplinarias no puede exceder en general de 14 días consecutivos, su duración puede prolongarse hasta un máximo de 42 días debido a la acumulación de sanciones disciplinarias.
El Comité pidió al país que adapte su legislación y su práctica en materia de aislamiento a las Reglas Nelson Mandela, aplicando dicho aislamiento sólo en casos excepcionales durante el menor tiempo posible y prohibiendo su imposición a presos con discapacidad física o psicosocial.
Violencia de género
Aunque el Comité valoró positivamente las medidas adoptadas por el Estado para luchar contra la violencia de género, mostró su preocupación ante la persistencia de un elevado número de casos de violencia de género contra mujeres, niñas y niños.
En este sentido, instó a las autoridades a velar por que todos los casos de violencia de género, y especialmente aquellos en los que haya habido acciones u omisiones de autoridades, sean investigados exhaustivamente. Así, los presuntos autores deben ser enjuiciados y, de ser condenados, sancionados debidamente, y las víctimas deben obtener una reparación, incluida una indemnización adecuada.
Asimismo, el Estado debe impartir formación continua obligatoria sobre el enjuiciamiento de casos de violencia de género a todos los funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas del orden, y continuar las campañas de concienciación pública sobre todas las formas de violencia contra las mujeres.
Por otra parte, el Comité alentó a las autoridades a continuar adoptando medidas para remediar los efectos indeseados de la ley “Solo Sí es Sí” y a que asigne recursos adecuados para garantizar su correcta aplicación.
Investigaciones sobre denuncias de tortura y malos tratos
El Comité instó a España a velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos por agentes del orden sean investigadas de manera pronta e imparcial por un organismo independiente, y por que no exista ninguna relación institucional o jerárquica entre los investigadores de dicho organismo y los presuntos autores de esos actos.
Además, instó a reforzar el mandato de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos para que pueda realizar investigaciones independientes sobre denuncias de abusos policiales.