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Un Comité de la ONU pide a Venezuela un plan contra la trata de personas y la violencia de género

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha publicado este martes sus conclusiones sobre Venezuela, tras examinar al Estado durante su último periodo de sesiones.

Las conclusiones contienen aspectos positivos de la aplicación de la Convención, así como las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité, entre las que destacan las relativas al acceso a la justicia, la prevención de la violencia de género, la trata de personas ante la crisis migratoria y el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Acceso de las mujeres a la justicia

El Comité tomó nota del establecimiento de 73 oficinas en todo el Estado con competencia para atender asuntos relacionados con los derechos de las mujeres, incluyendo una oficina especializada en feminicidio.

Sin embargo, expresó su preocupación sobre las barreras existentes para que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, como obstáculos económicos y la limitada disponibilidad de asistencia jurídica gratuita.

En este sentido, el Comité recomendó a las autoridades ampliar los servicios públicos de asistencia jurídica, abordar las barreras lingüísticas y difundir información sobre los recursos jurídicos disponibles para reclamar los derechos, así como reconsiderar el haberse retirado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, y que restablezcan su jurisdicción.

Violencia contra las mujeres

El Comité acogió con satisfacción la segunda modificación parcial de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, expresó su profunda preocupación por la alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en el país, en particular, la persistencia de feminicidios, desapariciones y violencia psicológica.

En este respecto, el Comité recomendó reforzar las medidas para prevenir y castigar los casos de violencia de género, adoptar los reglamentos y protocolos con perspectiva de género necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica, aumentar el número de centros de acogida para las víctimas (hay cinco en todo el país) y proporcionarles acceso a asistencia jurídica, pruebas forenses, asesoramiento psicosocial y programas de rehabilitación.

Asimismo, el Comité recomendó establecer un sistema de recopilación de datos sobre la violencia de género contra la mujer, incluido el femicidio.

Trata de personas

El Comité expresó su preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas.

El Comité recomendó combatir el reclutamiento forzoso y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del arco minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con el Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud.

En este sentido, pidió a Venezuela que elabore un protocolo para la pronta identificación y remisión de las mujeres y niñas víctimas de trata a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas. También pidió a la autoridades que asignen fondos suficientes para garantizar servicios de apoyo adecuados a las víctimas de trata, incluidos refugios, asesoramiento psicosocial, programas de reintegración y acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes pudieran necesitar protección internacional.

Además, el Comité recomendó a las autoridades venezolanas que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a la Defensoría Especial para que pueda cumplir de manera eficaz e independiente su mandato de proteger a las mujeres migrantes y refugiadas de los riesgos de la trata de personas y que refuerce la independencia de la Defensoría del Pueblo.

Salud

En materia de salud, el Comité recomendó a las autoridades venezolanas legalizar el aborto, al menos en los casos de violación, incesto y grave malformación del feto, además de los casos de amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada; que lo despenalice en todos los demás casos y que vele por que las mujeres y las adolescentes tengan acceso adecuado a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto.

Además, observó con preocupación las denuncias de esterilizaciones forzadas en el marco del Plan Quirúrgico Nacional, a pesar de su penalización desde 2007, y recomendó al Estado poner fin de inmediato a esta práctica y exigir el consentimiento libre, previo e informado de la mujer para cualquier intervención médica que afecte a su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, recomendó a las autoridades garantizar que las mujeres y las niñas tienen un acceso asequible a los servicios de salud sexual y reproductiva, a los anticonceptivos modernos y a medicamentos vitales necesarios y que haga frente a la escasez de tratamiento antirretroviral para las mujeres y niñas que viven con el VIH/SIDA.

Otras recomendaciones

Otras recomendaciones se centran en fomentar la visibilidad de la Convención para que todas las mujeres conozcan sus derechos y los recursos jurídicos de los cuales disponen; fortalecer las campañas de sensibilización y educación para eliminar los estereotipos discriminatorios y de género; reforzar las medidas para proteger a las defensoras de los derechos humanos; garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a una educación primaria y secundaria de calidad y acceso al empleo formal; y reforzar la capacitación económica de las mujeres.

Asimismo, el Comité señaló que la representación femenina en la Asamblea Nacional se mantiene en 31%; sólo 2 mujeres han sido elegidas como gobernadoras de estado (8,3%) y 62 como alcaldesas (19%); y sólo 9 de los 33 Ministerios del Poder Popular están dirigidos por mujeres. Por ello, el Comité recomendó reforzar sus medidas para asegurar la igualdad de participación de las mujeres en la vida política y pública, sobre todo en los niveles de toma de decisiones.

Además del informe de la delegación de Venezuela, el proceso de revisión contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional de diversas temáticas y del sistema de Naciones Unidas, quienes remitieron información relevante que sirvió de sustento para la evaluación de examen.

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